Durante su participación este sábado en el programa radial del concejal de Pichilemu Pablo Canales, emitido por Radio Entreolas, la exconsejera regional Tamara Monroy Villar, militante del Frente Amplio, reapareció realizando un encendido comentario político refiriéndose a las campañas en curso: “Uno en este tiempo de campaña ve los ofertones y, no importa, usted recíbale el arbolito al candidato, la bolsita, está bien, por mucho que nos digan que somos unos atorrantes los de izquierda, pero pucha que van a buscar los votos a los atorrantes que van a la feria”, expresó Monroy.
La intervención reavivó el recuerdo de las afirmaciones que ella misma, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda, realizaron hace un año durante la campaña electoral de 2024. El 24 de octubre de ese año, Monroy difundió en sus redes sociales un video grabado tras una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el que aseguró que el Ministerio había decidido rediseñar el proyecto del nuevo hospital de Pichilemu para transformarlo en un establecimiento de mediana complejidad.
El anuncio sin respaldo
En la publicación original de Instagram, la entonces consejera regional afirmó: “Reiteramos la necesidad de la revisión del proyecto del Nuevo Hospital de Pichilemu debido a que este no satisface las demandas actuales de nuestra comuna, ni tampoco las de la provincia. En respuesta, la Ministra hoy nos da la buena noticia que este proyecto va a ser rediseñado por el departamento de inversión para incluir: sala de partos, pabellón, escáner, aumento de camas y más especialistas”.
Mientras, en el registro audiovisual (disponible arriba) Monroy asevera textualmente: «Acabamos de salir de una muy buena reunión con la Ministra de Salud [Ximena Aguilera] porque hemos seguido trabajando por aumentar la complejidad del hospital de Pichilemu, un compromiso que tenemos con ustedes y hoy día nos han entregado muy buenas noticias que queremos contarles».
La senadora Sepúlveda complementó en el mismo video: “La ministra vio el hospital y lo encontró muy chico, alrededor de 27 camas, no corresponde, dijo que no era lo que se necesitaba y se va a incorporar cirugía, maternidad, sala para el escáner y todo lo que hoy día se necesita. Así que va a aumentar la complejidad del hospital, y muy contenta, porque esto es lo que plantearon primero los vecinos, también nosotros como autoridades de la región, así que nos vamos felices, contentas de la noticia”. Agrega Monroy: «En noviembre vamos a tener una reunión con ella [la ministra de Salud], así que les vamos a estar contando de eso y lo que va a ser el nuevo diseño, que vamos a demorarnos un poquitito más en la construcción, pero va a ser lo que como comuna necesitamos […]».
Ambas autoridades difundieron el mensaje como un logro de gestión ante el Ministerio de Salud, justo en el último día de la campaña electoral de 2024. La publicación fue ampliamente compartida en redes sociales, generando expectación en la comunidad pichilemina. No obstante, ningún documento, oficio o comunicado del Ministerio de Salud confirmó oficialmente la existencia de tal decisión, ni se registró anuncio alguno en los canales institucionales del MINSAL, de la Subsecretaría de Salud Pública o del Servicio de Salud O’Higgins.
La solicitud de información y el silencio del MINSAL
El Marino presentó una solicitud de información mediante la Ley de Transparencia, exigiendo al Ministerio de Salud que informara si efectivamente se había decidido modificar el nivel de complejidad del hospital, cuál sería la inversión comprometida y si el proyecto debía ser rediseñado o vuelto a licitar. El 2 de diciembre de 2024, la Subsecretaría de Salud Pública respondió mediante el Oficio CP N°21619/2024, negándose a entregar la información. Argumentó que lo solicitado “no se traduce en la entrega de información que conste en soporte documental”, y que el requerimiento correspondía al “ejercicio del derecho de petición” más que a un acceso a información pública.
Ante esta negativa, el solicitante interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el cual acogió parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a entregar los antecedentes que acreditaran la reunión o sus resultados. El Consejo para la Transparencia, en su Decisión Rol C12640-24, dictada en sesión ordinaria N°1509 del 20 de marzo de 2025, fue categórico: “Se acoge parcialmente el amparo deducido (…) ordenando la entrega de todo antecedente, cualquiera sea su formato o soporte, que dé cuenta del contenido de la reunión citada por Monroy, si es efectivo que se cambiará el nivel de complejidad del hospital, qué inversión estaría comprometida, si esto conllevará volver a licitar y rediseñar el proyecto (ya adjudicado) de construcción del nuevo hospital.”
El reconocimiento: no hay registros ni respaldo
En cumplimiento del requerimiento, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud emitió el Oficio CP N°5472/2025 (24 de marzo de 2025), en el que comunicó al Consejo que, tras las verificaciones, no obra en poder de la institución documentación que dé cuenta de la reunión invocada por Monroy, ni de acuerdos o resoluciones que autorizasen el rediseño o el cambio de complejidad del proyecto.
La respuesta ministerial, sumada al fallo del Consejo, deja la certeza de que no existe respaldo documental en el MINSAL para las afirmaciones públicas de Monroy y Sepúlveda. En otras palabras, el Ministerio no posee registro alguno de lo afirmado por la exconsejera y la senadora, ni existe evidencia de que se haya comprometido un rediseño, aumento de presupuesto o cambio de nivel de atención, aunque confirmó que la reunión sí se realizó, solicitada por la senadora.
Un anuncio sin sustento técnico ni administrativo
Con base en esta resolución, se confirma que el Ministerio de Salud no ha dispuesto cambio alguno en la categoría del Hospital de Pichilemu, el cual sigue proyectado como establecimiento de baja complejidad. El proyecto —que fue licitado y adjudicado bajo esa condición— no ha sufrido modificaciones oficiales, y cualquier eventual alteración requeriría un nuevo diseño arquitectónico, evaluación de factibilidad y una resolución formal del MINSAL, pasos que no se han iniciado.
Además, de acuerdo con los informes ejecutivos de la concesión Red O’Higgins, publicados mensualmente por el Ministerio de Obras Públicas, desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025 —el último disponible—, todos los documentos repiten exactamente la misma descripción respecto al proyecto hospitalario: “El Hospital de Pichilemu será un establecimiento de baja complejidad, que beneficiará a cerca de 70 mil habitantes de las comunas de Pichilemu, Navidad, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Pichidegua y Paredones.”
Es decir, los informes oficiales del MOP han mantenido sin modificación alguna la calificación del futuro hospital como de baja complejidad, lo que confirma que no existe registro oficial alguno que respalde la versión de que el recinto sería de mediana complejidad, como han sostenido reiteradamente Monroy y la senadora Sepúlveda.
El caso evidencia el uso de información falsa o imprecisa en contexto electoral, generando expectativas infundadas entre los habitantes de Pichilemu y la provincia Cardenal Caro. La falta de documentación y de respaldo ministerial a lo anunciado confirma que el supuesto “ascenso de complejidad” del hospital nunca existió más allá del falso discurso político.
Mientras la exconsejera Monroy reaparece en medios locales criticando las campañas ajenas, el episodio del falso anuncio hospitalario es un recordatorio de cómo la desinformación puede instrumentalizar la esperanza de una comunidad históricamente postergada en materia de salud pública.
El persistente vínculo de Sepúlveda, Monroy y Félix Bugueño
Monroy perdió la elección de consejeros regionales de 2024 y renunció anticipadamente al cargo en noviembre de ese año para postularse como candidata a diputada. Sin embargo, no fue inscrita como tal. El candidato único de su partido, el Frente Amplio, es Félix Bugueño, actual parlamentario. La excore aparece como «coordinadora territorial» de la senadora Alejandra Sepúlveda, de quien recibe entre $ 1.500.000 y $ 1.509.600 pesos mensuales (octubre 2025). En diciembre de 2024 recibió un pago de $ 1.730.000, en enero no figura, en febrero se le pagó $ 1.800.000, y en marzo, $ 3.300.000, siendo ese mes la asesora de Sepúlveda mejor pagada. De acuerdo al contrato de 16 de diciembre de 2024 (posterior a su renuncia al consejo regional) sus funciones son «atención y gestión de casos y resolución de tareas en terreno». No obstante, no figura ningún informe suyo publicado en el sitio web del Senado.
Anteriormente, según contrato de 10 de abril de 2024, Monroy (siendo aún consejera regional) prestó servicios a la senadora Sepúlveda como «entrega de informes, minutas o reportes sobre gestión de casos y trabajo en terreno con la comunidad». En el informe de julio de 2024 figuran diversas actividades que realizó en su calidad de consejera, pero que rindió como si fueran separadas de dicha función, por ejemplo: «reunión con palteros de Rapel, alcalde, ministro de Agricultura y afectados por pérdida completa de producción». Firma el informe Monroy y, en respaldo, Alejandra Sepúlveda. El monto que recibía Monroy, $ 500.000, era mucho menor al que actualmente percibe.
Previo a su trabajo con Sepúlveda, Tamara Monroy fue contratada por el recién elegido diputado Félix Bugueño el 11 de marzo de 2022, justamente en el día en que ella asumió como consejera regional por el período 2022-2025 (que interrumpió anticipadamente). Su remuneración fue de $ 566.667 en marzo, aumentando a $ 850.000 en abril. En 2023 aumentó a $ 952.000 y, durante 2024, a $ 992.936. En julio de ese año recibió $ 827.447 y consta que se le terminó el contrato a contar de ese día 25. En el programa del concejal Canales, hoy Monroy manifestó: “…yo voy a transparentar mi voto, yo voto por don Félix (…) ahora en las parlamentarias porque te conozco, conozco tu trabajo…”. Además, agrega que ella trabajó con él cuando fue consejera regional, destacando su “compromiso con la provincia” y la “colaboración permanente con la senadora Alejandra Sepúlveda”.
Nueva denominación: «baja complejidad» a «primer nivel»
En mayo pasado, el Ministerio de Salud aprobó una nueva norma técnica N.° 243, que reemplazó una del 2013, sobre criterios de clasificación de establecimientos hospitalarios. Este documento establece nuevas denominaciones para los hospitales, pasando los de baja complejidad a denominarse «hospitales de primer nivel u hospitales comunitarios», definiéndolos como «establecimientos que cumplen un rol fundamental en la red asistencial, acercando prestaciones hospitalarias resolutivas a la población […] para resolver de manera oportuna patologías prevalentes, reduciendo traslados innecesarios y mejorando la continuidad de la atención».
Bajo esta nueva normativa, los hospitales de «primer nivel» podrán tratar hasta cuidados medios, considerando atención médica general «y puede contar con algunas o todas las especialidades básicas». En términos prácticos, esto implica que el antiguo modelo («baja complejidad» según la norma 150 de 2013) se limitaba a la «hospitalización indiferenciada básica» y a los «cuidados básicos», mientras que la nueva norma obliga al «primer nivel» a tener una capacidad asistencial que incluye procedimientos quirúrgicos de menor complejidad, con la exigencia de una Unidad de Emergencia con mayor capacidad diagnóstica.
En consecuencia, el Hospital de Pichilemu seguirá perteneciendo a la categoría de menor complejidad —ahora denominada «primer nivel»—, igual que el resto de los recintos del país que estaban bajo la clasificación anterior. El cambio, por tanto, no implica un aumento en su nivel asistencial, sino una actualización general de nomenclatura dispuesta técnicamente por el Ministerio de Salud, sin relación alguna con gestiones o intervenciones de actores políticos.
La diferencia sustancial con el «segundo nivel» radica en la capacidad de Cuidados Críticos (Intermedio), lo que permite a este último realizar cirugías mayores con un soporte vital avanzado, algo que el «primer nivel» no ofrecerá.
