La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados dio inicio este martes a la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La iniciativa, presentada por el Gobierno en mayo pasado, busca garantizar un acceso oportuno, seguro y regulado a este procedimiento en el sistema público y privado de salud.
La propuesta legal mantiene la actual normativa sobre objeción de conciencia —tanto personal como institucional—, e incorpora mecanismos que aseguren información clara, atención en plazos definidos y resguardo de los derechos de mujeres y personas gestantes que decidan acceder a la prestación.
La sesión contó con la participación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y del subsecretario de Redes Asistenciales, quienes respondieron preguntas de las y los parlamentarios sobre los alcances de la propuesta.
“Este es un debate que ha sido largamente anunciado y esperado por distintos sectores. Vamos a iniciar esta discusión asumiendo que en esto no hay verdades únicas. Mientras este proyecto se discute, las mujeres siguen abortando clandestinamente”, señaló la ministra Orellana.
Por su parte, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, advirtió sobre las consecuencias sanitarias de no abordar el tema:
“Hay una realidad que no podemos negar: los abortos generan hospitalizaciones y pueden causar la muerte. Negar esta realidad no previene ni evita su realización, solo los torna más peligrosos. Se trata de regularlo con una perspectiva de salud pública”.
El presidente de la Comisión de Salud, diputado Patricio Rosas, subrayó que la discusión debe centrarse en la evidencia:
“Hay que tener esta conversación con antecedentes científicos y no con ideología, porque eso solamente nos divide. La ciencia ha primado en muchos países con legislaciones similares a la que estamos discutiendo”.
La diputada Alejandra Placencia, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, calificó el inicio del debate como un “día histórico”:
“Será un debate abierto, responsable, con evidencia y sin sesgos. Sabemos que hoy niñas, mujeres y adolescentes requieren de garantías que el Estado de Chile no está dando. La posibilidad de decidir es parte de la justicia y la democracia que debe tener este país”.
Desde la sociedad civil, Siomara Molina, coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, llamó a que el tema no sea omitido en el actual contexto electoral:
“En medio de la campaña no se habla del derecho a decidir. Las mujeres y niñas merecemos que esta discusión ocurra y que el Congreso hable sobre nuestros proyectos de vida”.
Este proyecto responde a un compromiso presidencial anunciado por Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024, donde además informó cambios al reglamento para mejorar la implementación de la ley de IVE en tres causales, vigente desde 2017.
