El alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras Jorquera, presentó ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins un incidente solicitando el “decaimiento de la acción” en el proceso en su contra por presunta falta a la probidad administrativa y notable abandono de deberes.
La defensa del edil —representada por la abogada Rocío Escudero Vergara— argumenta que, tras las elecciones municipales de octubre de 2024, uno de los dos concejales que presentó el requerimiento dejó de ejercer funciones, por lo que ya no se cumpliría el quórum mínimo (un tercio de los concejales en ejercicio) exigido para sostener la acción.
En el escrito ingresado el 9 de julio, la defensa cita jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que señala que el quórum debe mantenerse durante toda la tramitación del proceso. Por ello, solicita al tribunal declarar extinta la acción de remoción y terminar el juicio, argumentando además el “agravio” que significa para Contreras seguir enfrentando un proceso “con gastos en defensa y tiempo que podría dedicar a su mandato”.
El proceso contra Contreras se inició en septiembre de 2024, luego de que los concejales Marisol Guajardo y Patricio Guerra presentaran un requerimiento acusando al alcalde de incurrir en faltas graves a la probidad. Entre los principales hechos cuestionados figuran los decretos alcaldicios N° 888 (2021) y N° 1.429 (2022), mediante los cuales se nombró y ascendió a Cristina Loreto González Santibáñez, conviviente del alcalde.
La causa se encuentra avanzada: se recibieron pruebas documentales clave, como sentencias de la Corte de Apelaciones de Rancagua y de la Corte Suprema que rechazaron recursos presentados por Contreras contra la Contraloría General de la República, la cual confirmó su responsabilidad en la falta grave a la probidad. Asimismo, se habían fijado puntos de prueba y citado testigos para audiencias.
Una estrategia que podría no prosperar
Si bien la defensa del alcalde se apoya en fallos previos para sustentar su solicitud, el escenario no es claro. Como antecedente relevante, se cita el caso seguido contra el alcalde de Navidad, Yanko Blumen, en que el Tricel recientemente determinó que la acción de remoción se mantenía vigente a pesar de que varios concejales requirentes cesaron en sus cargos tras las elecciones.
Dicho antecedente podría ser clave para desestimar la estrategia de Contreras, interpretada en algunos sectores como una posible maniobra dilatoria, especialmente considerando que el proceso ya había sido ratificado por instancias superiores y contaba con pruebas sustanciales.
Actualmente, el TER de O’Higgins resolvió dar traslado de la solicitud de decaimiento a la parte requirente. La resolución fue dictada el 10 de julio y firmada por el presidente del tribunal, ministro Jorge Fernández Stevenson, junto a los abogados miembros Bernarda Soto y Carlos Carrasco.
Se espera que la parte requirente —representada por el abogado Osvaldo Soto Valdivia— responda en los próximos días, reiterando la vigencia de la acción. Por ahora, el futuro del proceso contra el alcalde Contreras sigue en suspenso, con el desenlace final en manos del tribunal regional.
