Los tres concejales de Pichilemu que no recurrieron al Tribunal Electoral Regional para pedir la inhabilitación del exalcalde Roberto Córdova Carreño por faltas a la probidad, podrían también ser inhabilitados por notable abandono de deberes. Se trata de Mario Morales Cárceles (comunista), José Luis Cabrera Jorquera (independiente por Partido Socialista) y Danilo Robles Cáceres (democratacristiano).
El artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece en sus incisos finales que “se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal”.
El procedimiento disciplinario en contra de Roberto Córdova Carreño, por parte de la Contraloría Regional, se resuelve en la Res. Ex. PD00372 de 25 de mayo de 2023, derivando los antecedentes al Concejo Municipal de Pichilemu, según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que estos ediles soliciten su inhabilitación en los términos que fija la misma norma.
El 11 de septiembre de 2023, los concejales Morales, Cabrera y Robles, sabiendo que debían recurrir ante el Tribunal Electoral Regional para pedir la inhabilitación de Córdova por su responsabilidad administrativa “según consta en la resolución sumarial”, dice Morales, se presentan ante dicho órgano para consultar “si algún concejal no desea ingresar requerimiento a vuestra entidad a pesar del resultado del sumario que demuestra la mencionada responsabilidad administrativa, ¿esta acción se podría considerar como notable abandono de deberes por parte del edil?”.
El Tribunal Electoral Regional resolvió el 21 de septiembre desestimar la presentación de los ediles ya que “los Tribunales Electorales Regionales son entes jurisdiccionales llamados a resolver las controversias que se le presenten en el ámbito de su competencia, en consecuencia, no son órganos de naturaleza consultiva o una instancia de carácter administrativo que emita opiniones o resuelva consultas, como se solicita en la presentación” de Morales y los otros dos concejales.
A casi seis meses de la notificación del dictamen de Contraloría, los concejales de derecha Sofía Yávar, Tobías Acuña y Héctor Cornejo recurrieron al Tribunal para pedir la inhabilitación de Roberto Córdova por cinco años, habiéndose acreditado por el órgano fiscalizador su responsabilidad administrativa. No obstante lo anterior, los otros tres concejales no se sumaron a la acción, lo que a la luz de los hechos podría ser considerado un notable abandono de los deberes que les mandata la ley y la Constitución, particularmente el artículo 76 de la LOC de Municipalidades.
Los llamados a pedir la inhabilitación de Morales, Cabrera y Robles son los mismos concejales Yávar, Acuña y Cornejo, además del alcalde Cristian Pozo Parraguez. El artículo 77 así lo señala: “las causales […] serán declaradas por el tribunal electoral regional respectivo, a requerimiento, según corresponda, del alcalde o de cualquier concejal de la respectiva municipalidad”.
De resultar inhabilitados los concejales Robles, Morales y Cabrera, serían reemplazados por el remanente del período que culmina el 6 de diciembre de 2024, por Víctor Manuel Rojas González, Elizabeth Ximena Bozo Marambio y María Verónica Ramírez Tapia.
