El Senador Juan Luis Castro solicitó al ente fiscalizador antecedentes sobre el acuerdo que estipulaba la transferencia de casi 400 millones de pesos a esta fundación que tiene domicilio en Palmilla.
Hasta la semana pasada 29 de 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, que estaban siendo revisados por la Contraloría General de la República, fueron declarados ilegales por no cumplir con los estándares requeridos por el órgano contralor. Uno de ellos, involucra al Gobierno Regional de O’Higgins y la Fundación Amigos saludables.
Los convenios objetados, por no cumplir con las disposiciones legales, corresponden al año 2023 e involucran más de $13 mil millones, de los cuales 398. 616.808 iban a ser destinados a la Fundación Amigos Saludables desde el GORE, según reza en el “Convenio de Subvención de Iniciativa y Accesibilidad de Ayudas Técnicas para la Inclusión Social en la Región de O’Higgins entre el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins y la Fundación Amigos Saludables” con fecha del 05 de junio recién pasado.
Por esta razón fue que el Senador por O’Higgins, Juan Luis Castro, acudió a la Contraloría Regional para solicitar mayores antecedentes del mencionado acuerdo que ha sido objetado. En la respuesta, con fecha del 4 de agosto, el ente fiscalizador enumera una serie de detalles que dieron lugar a determinar una falta de legalidad en el convenio.
Dentro de las objeciones realizadas, destaca que “no se exponen los fundamentos por los cuales se estimó asignar directamente los recursos al proyecto presentado por la entidad receptora, lo que infringe el deber de motivación de los actos administrativos”. Asimismo, hace referencia a que “el objeto y las actividades de la iniciativa, así como los gastos financiables deben quedar claramente determinados en el convenio que aprueba el traspaso de los recursos atendido que se trata de elementos esenciales del mismo, y no como acontece en esta ocasión”.
Tampoco se especifica la relación entre avance y transferencia de dineros y se establecen “gastos generales” lo que no guarda relación alguna con el formulario de postulación. En tanto, objetan que “tampoco se han acompañado los antecedentes que den cuenta de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 3° de la ley N° 19.862, que establece el registro de personas jurídicas de fondos públicos, que debe llevar ese gobierno regional, condición que, de no verificarse, impide efectuar el traspaso de los recursos”.
Ante tales objeciones realizadas el Senador Juan Luis Castro fue enfático en señalar: “Lo escandaloso que ha sido el caso fundaciones para todo el país debe ponernos en alerta que, en nuestra Región de O’Higgins, nadie puede abusar de un solo peso que vaya a alguna fundación que no explique, no diga, no exhiba los fundamentos de porqué va a obtener una cantidad de dinero millonaria una fundación que nadie conoce como Amigos Saludables”.
Por otra parte, el documento emanado desde el ente fiscalizador, también señala que “se ha omitido estipular que los saldos allí aludidos deberán reintegrase por ese gobierno regional a las rentas generales de la Nación o a quien se disponga por la normativa vigente al momento en que aquellos se produzcan. Adicionalmente, conforme a la mencionada resolución N° 30, los recursos a reintegrar no son sólo los no ejecutados, sino también los saldos observados y no rendidos”.
Dentro de los señalamientos hechos por Contraloría, precisa el documento, que “no se advierte el fundamento para que el acuerdo comience a regir a contar del 1 de junio de 2023, si se tiene presente que la fecha de su suscripción fue el 5 de junio de igual anualidad. Además, la mencionada cláusula no distingue con claridad el plazo de vigencia del convenio y aquel previsto para la ejecución de las actividades”.
“Esta fundación tenía un patrimonio de 50 mil pesos y pretendía llevarse cerca de 400 millones de pesos. Afortunadamente la Contraloría detectó la ilegalidad en el modus operandi en que estaban y creo que esto requiere una aclaración, una explicación, para saber qué buscan, cuál es el mérito del servicio que pretenden dar y porqué se les seleccionó a ellos en la búsqueda de esa materia que se quería aportar. ¿De qué se trata todo? es la gran interrogante”, señaló el parlamentario.
Finalmente, la contraloría, advierte que “el acto administrativo en estudio ha omitido consignar el imperativo final tómese razón”.
“Ante la luz de estos antecedentes, creo que es importante que se transparenten los puntos que no quedaron claros para la Contraloría. Hoy la ciudadanía tiene dudas razonables respecto de las instituciones del Estado; tenemos funcionarios de gobierno de otras regiones destituidos y judicializados, fundaciones que hicieron lo que quisieron con los recursos de todos los chilenos, mientras hay personas viviendo situaciones de vulnerabilidad”, expresó Castro.
