Todos los focos de la reciente elección del Consejo Constitucional están puestos sobre la exitosa campaña del Partido Republicano que sus 3.468.258 obtuvieron un número de 23 representantes de los 51 consejeros electos. Para la historia queda el hecho paradojal que el Partido Republicano fue el único partido que públicamente rechazó el proceso constitucional desde su origen en el 2020. Y ahora, será quien lleve la batuta en el desarrollo de la propuesta constitucional a votarse el 17 de diciembre de 2023. Todos ponen los análisis de los resultados en la vereda del partido republicano, pero pocas personas en la vereda del frente.
Casi nadie ha puesto los ojos en los 2.119.506 votos anulados y los 568.673 votos blancos. Es evidente la imposibilidad de interpretar la intención de voto de estos más de dos millones y medio de compatriotas. Sin embargo, sí es posible interpelar a quienes dieron rostro y carne política a la opción de anular. Efectivamente, hubo personalidades públicas, ligadas principalmente a grupos de izquierda progresista, quienes manifestaron a través de un medio que consideraron legítimo, su rechazo al actual proceso constituyente y al manejo de la política institucional en este camino. Algunos de esos argumentos contra el proceso fueron esgrimidos en lo que se llamó: Declaración “Abajo el espurio y antidemocrático Acuerdo Constitucional”, liderado por un ingente grupo de destacados intelectuales de izquierda y múltiples representantes de organizaciones sociales que llamaron a anular.
Tal vez somos muchos más los que tenemos argumentos para alegar sobre la impureza democrática del actual proceso. Sin embargo, la pureza es absolutamente secundaria cuando se trata de disputar dentro de la dinámica democrática institucional e históricamente desenvuelta, la narrativa que permita equilibrar los poderes en juego. Entonces si algunas y algunos estuvieron dispuestas y dispuestos a abandonar el barco, conviene preguntarnos ¿A qué deriva puede llevarnos negar la validez de la institucionalidad constitucional, restándose de un proceso tan relevante para el país en los próximos 50 o más años? No lo sabemos aún, sólo cabe la incertidumbre.
Este tipo de movimientos declarativos tienen múltiples efectos. Uno de esos posibles efectos, el más evidente ahora, es que gran parte de la ciudadanía ha quedado subrepresentada. Se ha entregado la decisión constituyente a un exclusivo sector político, que, al fin y al cabo, representa a la derecha de la élite conservadora y a quienes, sin ser de esa élite, tozudamente se conforman con aspirar eternamente a ser parte de esos círculos. ¿Qué tipo de posición ahora ofrecerán quienes llamaron a anular, al ver cómo su decisión ha sometido el proceso en favor de quienes jamás han querido trabajar por los cambios que el país demandó desde el 2019?
La democracia tiene sus defectos, qué duda cabe. Un sistema perfecto que canalice “la voz del pueblo” seguirá siendo un ideal inalcanzable. Sin embargo, el purismo democrático, por más agudo que sea y por más fundamentado teóricamente e históricamente que se encuentre, tampoco logrará acercarse a representar el sublime mandato popular. A mi modo de ver, esto se explica porque existe un originario pluralismo social y político como el factum que conforma la inapelable condición moderna de la sociedad chilena. Tal vez el proceso constitucional anterior olvidó esta originaria condición y a través de varios momentos (demasiados, diría yo) les negó la sal y el agua a las partes contrincantes. La conclusión es que cuando dejas fuera al opositor o cuando te bajas del camino democrático institucional si no se ajusta a tu intelectual posición, juegas, finalmente, al absolutismo progresista, en este caso, uno de izquierda.
Cristhian Almonacid Díaz, director del Magíster en Ética y Formación Ciudadana de la Universidad Católica del Maule.
