Club deportivo Arturo Prat podría perder su sede tras cuestionado acuerdo entre expresidente y representantes de joven herida en 2018

Durante las celebraciones de las Fiestas Patrias de 2018, un lamentable suceso ocurrió en la fonda oficial de Pichilemu, «La Bombonera». Una verdadera estampida humana dejó a una joven de 18 años con lesiones graves por politraumatismo.

Y ahora, tras una batalla legal que se ha extendido por años, el Club Deportivo Arturo Prat, organizador de la fonda, podría perder su sede para pagar una indemnización. De hecho, ya se ha dictaminado su remate para el próximo 23 de septiembre en el Juzgado de Pichilemu con una base de alrededor de 50 millones.

El expresidente de la institución, Esaú Aguirre, habría llegado a un acuerdo con la parte afectada, que implicaría el pago de una indemnización por más de doscientos millones de pesos.

Sin embargo, en el Club Deportivo no reconocen este acuerdo ya que él no es presidente desde enero de 2020. Sin embargo, la secretaria municipal de Pichilemu, Fanny Rebolledo, no tramitó el cambio de directiva. Solo una vez que salió de la alcaldía Roberto Córdova Carreño, el nuevo mandamás local Cristián Pozo mandató a Rebolledo validar la nueva directiva.

A pesar de ello, y aunque su validez está en entredicho, el acuerdo motivó la declaración de remate de la sede por parte del tribunal local.

Como se trata del único bien del club deportivo, y estando la Ilustre Municipalidad también demandada, podría corresponderle a esta el pago del saldo que quede pendiente por indemnización.

El abogado de la agrupación, Renato Cárcamo, está buscando la forma de retrotraer la decisión del Juzgado pichilemino.

La demanda

El 26 de agosto de 2019 se presentó en el Tribunal de Pichilemu una demanda por indemnización de perjuicio contra el Club Deportivo y Cultural Arturo Prat, representado por Esaú Aguirre Cornejo, y la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, representada por Roberto Córdova Carreño. El abogado Pablo Fuenzalida Ubilla, en representación de Agnes Wünkhaus Cheyre, domiciliada en Curicó, reseña así los hechos:

«En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias del año 2018, mi representada, doña Agnes Wünkhaus Cheyre se desplazó hasta la comuna de  Pichilemu, lugar en el que esperaba festejar junto a sus amistades. Así las cosas, el día 17 de Septiembre de 2018, alrededor de las 02:00 horas, ésta se dirigió en compañía de Andrés Hojas Hoffmann, Terencio Casale Gachot, Diego Guerra, Josefina García Contreras y Laura Eyheramendy Casale hasta la fonda “La bombonera”, emplazada en el Bosque municipal de la comuna antedicha ubicada avenida Ross S/N y que era organizada por el Club deportivo Arturo Prat. En este orden de ideas, mi representada junto a sus amigos procedieron a pagar el valor de $3.000 pesos para ingresar a la referida ramada, cuestión que hicieron en la caseta de pago destinada al efecto, la que se encontraba colapsada en atención a la gran aglomeración de personas que se ubicaban en la zona, factor que (a todas luces) excedía largamente lo presupuestado por la organización y de la prevención que tuvieron las demandadas Club Deportivo Arturo Prat e Ilustre Municipalidad de Pichilemu.

En tal entendido, Agnes prosiguió hacia la entrada de la fonda “La bombonera”, acceso cuya dimensión no superaba los 2,5 metros y que se encontraba bloqueado por el personal de seguridad del evento, precisamente por la inmensa cantidad de asistentes que se encontraban al interior de la fonda y de los que trataban de ingresar a ella. Así, mi mandante quedó atrapada en la citada multitud, instancia en que comenzó a sentirse mal físicamente, desmayándose y cayendo al suelo, siendo aplastada por la muchedumbre concurrente. A mayor abundamiento, sólo luego de algunos minutos asistentes del lugar se percataron que Agnes Wünkhaus yacía en el suelo, con sus signos vitales sumamente debilitados, motivo por el cual dos jóvenes de los cuales se desconocen mayores antecedentes un hombre y una mujer (la que tenía conocimientos médicos básicos) , comenzaron a entregarle los primeros auxilios, principalmente por medio de respiración boca a boca, series de compresiones en el torso e insuflaciones, logrando reanimar a mi patrocinada de forma oportuna. Tras ello y sólo después de haber alcanzado el objetivo de los dos mencionados asistentes, personal de seguridad del evento (contratado por la demandada principal) se acercó a constatar el estado de Wünkhaus Cheyre, procediendo a llamar a los servicios de emergencia respectivos, hecho que ya había acaecido por parte de Josefina García Contrera. Del momento antes reseñado, transcurrieron unos 10 minutos antes de que llegara una ambulancia al lugar, móvil que trasladó a mi patrocinada hasta las dependencias del Hospital de Pichilemu, lugar en que fue estabilizada y se dio cuenta del grave estado de salud de la víctima que hoy represento.

A raíz de los hechos antes descritos, Agnes Wünkhaus Cheyre sufrió politruamatismo, Trastorno Encéfalo Craneano cerrado, encefalopatía hipoxémica, trauma de tórax complicado, contusión pulmonar derecha, derrame pleural derecho, trauma abdominal complicado, laceración hepática, hematoma subscapular, leve hemoperitoneo estable, lesión de plexo pbaqueal derecho, lesiones de carácter grave y que pusieron en vilo la vida de la primera, quien permaneció internada aproximadamente 04 semanas en la Clínica Alemana – siendo menester concurrir a la Unidad de Tratamientos Intensivos de la reseñada institución –. No obstante ello y justamente por la magnitud del suceso, mi representada aún presenta secuelas físicas y permanece con un fuerte detrimento psicológico.»

En su contestación, el Club Deportivo Arturo Prat, entonces representado por el abogado Rodrigo Guerrero, planteó que la responsabilidad de los hechos son enteramente de la municipalidad:

«Primero, que a mi representado no le fueron exigidas medidas de seguridad que previniesen situaciones como las que se vivieron el día 17 de septiembre, pero aun a falta de dicha solicitud tanto de parte de la I. Municipalidad de Pichilemu como de las demás autoridades que ya se han señalado, se decidió tomar las medidas necesarias para que el lugar fuese seguro tanto de forma estructural como de cuidado personal, cuestión que corrobora el actuar diligente de esta parte. Sobre la actuación de los guardias de seguridad, consta que actuaron de forma inmediata buscando tanto detener como desplazar a la masa de personas que intentaban entrar en el recinto, de forma tal que pudiesen prestar auxilio a los  heridos.

Que, esto fue un hecho público y notorio, que se dio a conocer incluso en medios televisivos, donde en diversas oportunidades fue invitado el alcalde de la I. Municipalidad de Pichilemu, recriminándosele su responsabilidad en dichos espacios al aire, puesto que la autoridad alcaldicia en ningún momento asumió responsabilidad alguna.

Que, todas las consecuencias médicas que la demandante alega, se les debe imputar a los responsables del evento, esto es, la I. Municipalidad de Pichilemu,. Además SS., desconocemos mayormente la veracidad de lo que la demandante expresa, cuestión que ha de ser probada en el presente juicio».

El 24 de enero de 2020 se llegó a un avenimiento entre el presidente Esaú Aguirre (cuya legalidad es disputada por la actual presidenta Lucía Becerra, ya que la elección de directiva se produjo el 4 de enero de ese año) y el abogado demandante, acordando el pago de 50 millones de pesos.

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