¡Increíble, pero cierto! ¡Comerciante intenta engañar a un juez con tremendo chamullo!

El ex-Lawn Tennis. Foto: Diego Grez Cañete.
El ex-Lawn Tennis. Foto: Diego Grez Cañete.

Fuente: www.pichilemunews.cl – 03.07.2014

  • El engaño pretende sumar terreno que corresponde a un Bien Nacional de Uso Público.
  • El tema será materia del Concejo Municipal en la sesión de mañana viernes 4.
  • ¿Acordarán los actuales concejales “defender” el Bien Nacional de Uso Público que está en poder del comerciante Mauricio Blanco Stevenson y que pretende adicionar a propiedad que incluye parte de la calle Jorge Errázuriz?

¡Increíble, pero cierto!, comerciante intenta inscribir marginalmente mayor cantidad de m2 de superficie de su propiedad, solicitando al Tribunal de Pichilemu resuelva ordenar al Conservador de Bienes Raíces para que le “anoten” cientos de metros cuadrados adicionales con una MULA “así de grande”, argumentando que “tras el Terremoto del 2010 hizo un Levantamiento Topográfico que le dio una superficie de 3.589,58 m2”.

De esta manera, el comerciante Mauricio Blanco intenta convertirse en un segundo CONSTRIBUYENTE de la comuna que intenta ENGAÑAR a un Juez en Pichilemu en poco menos de un año.

Pero esto no es la primera vez que ocurre. Las historias en torno a terrenos municipales y fiscales –en la República Independiente de Pichilemu- da para varios Capítulos del programa de TV “Esto no tiene nombre”.

El "emprendedor" local Mauricio Blanco.
El “emprendedor” local Mauricio Blanco.

El otro contribuyente que ya logró su objetivo, es el Sr. Juan Carlos Arenas Faúndez, quien -tras la resolución de ese Juez- logró inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu 100 metros lineales, aproximadamente, de un tramo de una calle en el sector Infiernillo.

Entre sus argumentos, presentó un ROL que corresponde a una Manzana diferente. Sin embargo, el Juez que resolvió el caso, “no se dio cuenta” y Pichilemu perdió un pedazo de un BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO.

En tanto, el municipio pichilemino –con su alcalde a la cabeza- sabiendo de lo que estaba pasando optó por “tomar palco”, pese a que en el Plano Regulador de Pichilemu, PRC, ese tramo pertenece a una calle desde la década del ’30.

Volviendo al tema principal, el Sr. Blanco con la argumentación que da al Juez de Pichilemu, en su presentación -donde pide al Tribunal “Determinación de superficie de Bien Raíz”- nos hace concluir “cuán grande es la misericordia del Supremo Hacedor con los más desposeídos”, al decir que: “Es el caso SS, que habiendo realizado un levantamiento topográfico a propósito del terremoto del año 2010, toda vez que en dicho paño se encuentra actualmente emplazado un edificio destinado a restaurant y hotel, se pudo constatar que la actual superficie y deslindes son los siguientes: superficie es de 3.589,58 metros cuadrados, que se distribuye y adiciona de la manera siguiente: 850,66 metros, respecto del inmueble singularizado en la letra A) del párrafo precedente; y 112,57 metros cuadrados respecto del inmueble singularizado en la letra B) del mismo párrafo …”.

No está demás decir que esta superficie que está reclamando para sí, NO ES LA QUE CORRESPONDE A LA REALIDAD, sino en el sueño y viveza de este “emprendedor”.

En el plano se puede observar la proyección de la calle Jorge Errázuriz.
En el plano se puede observar la proyección de la calle Jorge Errázuriz.

Es decir el “Terremoto del 27-2 no lo afecto, sino al contrario, (¿por gracia divina?, quizás), viendo el Todopoderoso a uno de sus siervos tan atribulado, desolado, casi “con lo puesto”, lo premió.

De ahí que –ni corto ni perezoso- le pide al Juez (en este caso a la Juez Suplente CAROLINA ALEJANDRA BRAVO YÁÑEZ, del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu), en tono suplicante: “RUEGO A US, se sirva ordenar al señor Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu, rectificar mediante subinscripción marginal a las inscripciones que rola: a fjs, 279 vta., N° 229 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu, correspondiente al año 2007”.

A ese mismo Dios –tan indulgente a veces con quienes quieren engañar, meter la “mula” como es el caso- antes de cumplir los negros sueños del Sr. Blanco, le pedimos en nombre de la comunidad pichilemina y desprovista hasta ahora de toda defensa de las autoridades comunales, que ilumine a la Jueza y no se deje engañar como sucedió con el Juez Suplente que entregó 100 metros aproximadamente de un Bien Nacional de Uso Público, caso que reseñamos en el segundo párrafo de este artículo.

CASOS EN QUE EL MUNICIPIO “NO HA ACTUADO”

En la historia reciente –desde que se accedió a la “vuelta” de la democracia- los alcaldes –casi en su mayoría- han dejado que pasen las cosas, perdiéndose importante patrimonio municipal y fiscal.

Lo anterior no significa que antes de esta “vuelta a la democracia” no hayan ocurrido casos de esta índole.

El actual concejal Aldo Polanco Contreras –quien fue electo en 1992 y reelecto sucesivamente hasta la actualidad, sabe de ello o debiera haberlo sabido.

Estando él, como miembro del CODECO, se perdió TERRENO en el Bosque Municipal, por Avenida Agustín Ross, a continuación de la propiedad del vecino Horacio Pavez. Específicamente donde están emplazados el Restaurant “El Monito” y los demás locales hacia el nor-poniente.

NO SE HIZO NADA en ese tiempo en los primeros años de la década de los ’80; pero lo peor no ha terminado, pues, ¡ojo!, desde hace casi dos años a la fecha -a continuación de los locales indicados- otro vecino quiere apropiarse de un retazo del Bosque Municipal, sin que el municipio decida qué hacer y parar de una vez estas intentonas.

Asimismo, siendo integrante del CODECO Aldo Polanco, se acordó declarar “de INUTILIDAD PÚBLICA 1.600 m2 (40 metros x 40 metros)” de terreno municipal donde estaba emplazada la MULTICANCHA que era uno de los pocos espacios para el deporte, detrás del edificio municipal. Después de ello se ENTREGÓ a una institución de uniformados retirados para que ahí construyeran un recinto vacacional. No lo hicieron y, después de desistirse de construir su proyecto –lejos de devolverlo al municipio- lo vendieron a un particular en vil precio. NADIE HIZO NADA POR RECUPERAR ESA PROPIEDAD: Ni el alcalde de entonces, tampoco los “Codecos”.

Esos casos solo para ilustrar “antes de”, porque hay más: Uno más. En el Plano de Loteo de la Villa Lugano (1971) –aparecían las áreas verdes, zona de equipamiento y todo lo que dice el Art. 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones- pero en la práctica, posteriormente el “loteador” REINSCRIBIÓ esos terrenos a principios de la década de los ’80.

¿Qué cómo lo hizo? es un misterio. Luego los asignó a parte de sus nenes. Posteriormente, en los años ’90 volvió a presentar los Planos de Loteo a la DOM, pero ahora como Villa Lugano 1 sin considerar el Art. 70. Y para yapa, después presentó (años ‘2000) la Villa Lugano 2 sin considerar el Art. 70.

Lawn Tennis en su época de esplendor. Foto: Pichilemunews.
Lawn Tennis en su época de esplendor. Foto: Pichilemunews.

¿Qué ha hecho el municipio al respecto?

Seis sitios al interior del Aeródromo Municipal “fueron tomados y cercados” por el vecino del sector Hugo Aliaga Jorquera y el abogado Aquiles Toledo. El hecho ocurrió al día siguiente de celebrarse las Elecciones Municipales del año 1996, en los últimos meses de la gestión del alcalde Orlando Cornejo Bustamante.

Puesto el tema en el nuevo Concejo Municipal, por “pichilemunews” y el Club Aéreo de Pichilemu, el nuevo alcalde Jorge Vargas G., pese a que firmó una presentación ante el Tribunal, con el acuerdo unánime del Concejo Municipal, se desentendió rápidamente y el abogado ante ello, dejó la causa.

Resultado: El municipio PERDIÓ SEIS SITIOS con una superficie total de más de 2.500 m2.

Sitio en el interior del Bosque Municipal, que después su “nuevo dueño” ofrecía vendérselo al propio municipio al contado o con facilidades (Administración del alcalde Jorge Vargas G.). Aquí, tres concejales –Mariano Polanco, Aldo Polanco y Washingto Saldías- buscaron testigos para defender en el juicio el patrimonio municipal; pero a la hora de la verdad, el “abogado defensor” no se presentó (¿por orden de quién sería?) y ante ello, el Juez de entonces, Mario Madariaga, resolvió a favor del privado. El mismo sitio que, como ya dijimos, pretendió hace algún tiempo “vendérselo” a la municipalidad.

En algunos contados casos, “se han defendido” Bienes Nacionales de Uso Público. Por ejemplo en Avenida Costanera (frente al Barco Mirador), pero de muy mala forma, sin usar toda la documentación para una adecuada defensa.

Resultado: Todos lo conocemos y donde el “vivo testimonio” es una vivienda en lo que era una vía consolidada y parte del Plano Regulador desde el año 1983, sin que los “propietarios alegaran de acuerdo a la Ley, en los plazos que dice taxativamente en el proceso de aprobación del Plano Regulador” (Administración del actual alcalde Roberto Córdova C.).

Parque San Antonio (BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO desde la década del ’40), que posteriormente su Loteador José Bianchi Molinari REINSCRIBIO a su nombre.

Posteriormente, la integrante de la Sucesión, Ana Bianchi Ghezzi lo vendió el año 1993 al comerciante Luis Polanco Polanco.

Cabe señalar que en el Plano Regulador (modificación publicada en el año 2005, por acuerdo municipal se le MANTUVO LA CALIDAD DE ÁREA VERDE), pero en un obscuro y turbio proceso de modificación entre “gallos y medianoche” la Inmobiliaria Polanco y Cía. logró con la ayuda de ángeles y arcángeles –del municipio y gobernación provincial, aparte de otros “colaboradores”- lograron DESAFECTAR al Parque San Antonio de la calidad de área verde.

Y así como se hizo tan rápidamente este proceso, se vendió a una Inmobiliaria rancaguina que levantó –de la noche a la mañana- un Condominio y con total desparpajo le pusieron CONDOMINIO “PARQUE SAN ANTONIO”.

Cabe señalar y precisar que estas gestiones se hicieron en la actual administración del alcalde Roberto Córdova Carreño y estando como gobernador Julio Ibarra Maldonado quien con una voluntad y predisposición pocas veces conocida en el servicio público, movió todos los palillos y resortes a su alcance para que modificaciones al PRC se aprobara y permitiera que se consumaran cambios que beneficiaron intereses particulares.

¿Qué motivaciones habrán tenido estas autoridades para hacer estos cambios de uso de suelo?

Hay que reconocer que fueron tremendamente ágiles para esta gestión; agilidad que uno quisiera ver en el alcalde Córdova emplear en defender sitios que en el Bosque Municipal están siendo disputados en el Tribunal (desde hace dos años a lo menos, sin que haga nada, pese a la documentación para defenderlo que le enviamos a él, como a la ex concejala Viviana Parraguez Ulloa).

Y, obvio, esa agilidad que destacamos en el alcalde Córdova debiera usarla para defender -ante la eminente pérdida- del BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO que pretende ADICIONAR el ávido comerciante Mauricio Blanco.

¿Qué hará al respecto el alcalde y el Concejo Municipal de Pichilemu?, ¿Dirá después que no hay documentación para OPONERSE a este trámite en el Tribunal?

Si es así, le digo que basta con revisar las Escrituras de la década del ’30, cuando esas propiedades de la Sucesión Agustín Ross Edwards fueron rematadas públicamente en un Tribunal de Valparaíso.

Ahí salen las medidas de ese Lote –individualizado como Kiosco- y que tenía 2.500 m2. más o menos. Superficie muy diferente a lo que ahora alega Mauricio Blanco.

Locación del desaparecido Lawn Tennis en 1972.
Locación del desaparecido Lawn Tennis en 1972.

A esa superficie hay que adicionarle NADA MÁS que la segunda propiedad que le vendió al Sr. Blanco y que no fue otra que la Sra. Blanca María Isabel Astorga Moreno, y que ella –también- obtuvo esa propiedad de mala forma, sacándole Títulos de Dominio en Bienes Nacionales el año 1983, conociendo que ese terreno correspondía a la “prolongación de una calle”.

Es decir inscribió lo que en esta misma presentación del Sr. Blanco se menciona “ … como prolongación de la Calle Jorge Errázuriz o sea calle de por medio con el Parque …”.

Una calle proyectada en los Planos existentes de la época (copia que tenemos) y que en todas las Escrituras aparece mencionada como prolongación de calle Jorge Errázuriz que separa (a la propiedad mayor, Kiosco) calle de por medio con el Parque de Palmeras (hoy Parque “Agustín Ross”). Y que tiene aproximadamente 442,50 m2. (7,50 metros de ancho por 59,00 metros de largo) y que corre paralelamente al mencionado Parque, con las Escalinatas de por medio.

Concretamente, el Sr. Blanco con todo lo cuestionable de esta última propiedad, la cabida máxima de sus propiedades –materia de este caso- alcanzan exactamente a 2.942,50 m2. y no a los 3.589,58 m2 que pretende inscribir marginalmente en sus títulos.

Nada menos que 647,08 m2 de más pretende este “emprendedor” comerciante que llegó hace unos años a Pichilemu no solo a “clavar la rueda de la fortuna”, sino algo más que eso.

El Concejo Municipal

El actual Concejo Municipal tiene la ocasión histórica –especialmente el alcalde Roberto Córdova y el concejal Aldo Polanco- de reivindicarse ante la comunidad de su acuerdo de darle facilidades al Sr. Blanco cuando ambos tenían la calidad de concejales junto a Marcelo Cabrera y Hernán Garrido, estando de alcalde Víctor Rojas González en su gestión de aproximadamente un mes. Y donde –como se ha sabido estos últimos días- el único concejal que se opuso fue Héctor Cornejo Galarce.

Ahora tienen el resultado de esa “soltada de pantalón”. Ahora, es tiempo que se los afirmen, pues los estamos vigilando.

Y los actuales concejales que no tienen responsabilidad en eso –Mario Morales Cárceles, Andrea Aranda Escudero, Hugo Toro Galaz, Marta Urzúa Púa y Felipe Bustamante Olivares- demostrar que no se prestan para coquetear con la ilegalidad, con intereses oscuros y particulares sobre el bien común que pertenece a toda la comunidad.

Por otra parte, ¡ojo! a la acción del Director de Obras Municipales. No creo que sea como algunos que han pasado por el cargo; pero a estar atento. Pues ignoran la historia y actúan obnubilados sin considerar las leyes, sobre todo en la Ley de Monumentos Nacionales que protege la Zona Típica donde se emplaza esta propiedad.

Para información adicional, el Concejo de Monumentos Nacionales ya está al tanto de esto, pues le hemos enviado documentos, antecedentes y ya han acusado recibo. A no extrañarse de que se hagan -¡por fin!- parte en esta situación y ejerzan de las herramientas de que están investidos para afrontar esta “mula” descomunal. ¡Es su obligación!, después de tanto “dejar hacer y/o desatender”.

Una que otra cosita que ahí ha ocurrido: Demolición de un inmueble PROTEGIDO. Tampoco se sabe si se contó con el V° B° de las remodelaciones y construcciones realizadas allí. Ya sabremos la verdad. Estamos trabajando para usted, gratuitamente ….

Fotografías

(Colección Washington Saldías González)

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