CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES: DESPUÉS DE CASI 5 AÑOS ESTÁ INSPECCIONANDO QUE SE CUMPLA NORMATIVA DE ZONA TÍPICA
– En tanto otros organismos aún están estudiando documentos, antecedentes, para tomar decisión de “qué hacer”; mientras autoridades de todos los niveles –por largos años- “han hecho vista así de gorda”.
Una reunión con el Director de Obras Municipales de Pichilemu, arquitecto Boris Sanhueza deberá sostener próximamente el Coordinador de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales de la Región de O’Higgins, Eduardo Contreras Osorio, a quien el CMN le ha solicitado realizar una visita de inspección y reunirse con el funcionario municipal.
Así lo señala el ORD. Nº 3263, de fecha 31 de Julio 2009, del CMN en respuesta a “pichilemunews” quien en reiteradas ocasiones ha estado denunciando y haciéndole ver –por una parte- “de las continuas irregularidades en la zona típica –y por otra- de la desinformación de las autoridades municipales en relación a la normativa de Monumentos Nacionales”.
En efecto, al poco tiempo que fue declarada Zona Típica, el 22 de diciembre de 2004, una parte importante de la obra de don Agustín Ross Edwards, justamente para protegerla y con ese propósito entre otros objetivos fue aprobada, “pichilemunews” puso en antecedentes al Consejo de Monumentos Nacionales sin lograr -lamentablemente- efectos correctivos en el momento. Solo antes de ayer se me anunció respuesta a mis denuncias y consultas, al solicitarse dirección para enviarme respuesta. Y que vía correo express ya está en mis manos, firmada por el secretario ejecutivo del CMN, abogado Oscar Acuña Pobrete.
Asimismo, copia del ORD. Nº 2686, de fecha 15 de junio de 2009, dirigida a Eduardo Contreras donde se le solicita realizar “una vista de inspección e informar acerca del estado de conservación de la Zona Típica o Pintoresca “Sector Pichilemu”, la cual se indica, fue declarada según Decreto Exento Nº 1097 de fecha 22/12/2004”.
No obstante al desfase de fechas de ambos ORD., inferimos que tal visita ya se realizó por cuanto sabemos que algunas medidas que se deben tomar ya están “apretando callos” y donde el propio ex alcalde Jorge Vargas que no hizo absolutamente nada por proteger la Zona Típica –en cuya gestión hicimos los trámites para lograr esa protección- está hoy abogando por “uno” de los kioscos que debería ser retirado del sector. Así lo expresa en reunión de Concejo Municipal donde participó recientemente y donde llora –con dolor- porque se estaría erradicando a una vecina cuyo único sustento es el mencionado kiosco.
Comprendemos que, a veces, algunas medidas son anti populares y que traen aparejados secuelas que repercuten en el bolsillo; pero eso no significa que se le corten los brazos, pero el mismo ex alcalde con esa inteligencia que le conoce toda la comunidad podrá buscar él mismo una ubicación para ese kiosco, así como autorizó centenares de ello, a diestra y siniestra por los sectores céntricos del balneario.
Extraña que esta ex autoridad, tan sensible en este caso particular, no haya expresado su dolor cuando otros “connotados” vecinos quitaron sitios municipales, se apropiaron de terrenos fiscales; pues justamente uno de estos vecinos que finalmente se quedó con un sitio de 343 m2 en lo que es parte del Bosque Municipal, esté vendiendo ese mismo sitio al municipio en una “ganga”: 7 millones de pesos al contado, o con facilidades: 7 millones y medio de pesos en tres “cómodas cuotas”. ¿Qué les parece estimados ciber lectores?
En efecto, debemos decir una vez más que –por acuerdo del Concejo Municipal, del que formábamos parte en ese tiempo- se aprobó defender ese sitio. El municipio se hizo parte en el Juzgado local, pero después que con otros colegas concejales: Aldo Polanco, Mariano Polanco (Q.E.P.D.) habíamos conseguido el testimonio de antiguos vecinos de esa parte del Bosque Municipal donde supuestamente estaba el sitio discutido, a la hora de la verdad, sospechosas instrucciones al abogado Alejandro Flores Gutiérrez permitieron que éste no apareciera en el Juzgado y el Juez –“en virtud de los aciertos y de los errores” fallara a favor de Juan Carlos Rojas Muza, el notable vecino que ahora –después de haberlo adquirido en dos millones 400 mil pesos, según sus escrituras- se quiere desprender de él y se lo ofrece a la municipalidad.
Cabe preguntarse, cómo llegó a manos de este vecino –originario de la comuna de Marchigue- y que desde cierta cantidad de años está “encariñado con Pichilemu”. Pues bien, no es difícil llegar a eso.
De la noche a la mañana, el mencionado sitio pasó de manos de Ana Bianchi Ghezzi a Hugo Ernesto Aliaga Jorquera, de éste a manos del Sr. Carlos Marín Inostroza, quien finalmente se lo transfiere al Sr. Juan Carlos Rojas Muza.
Y para mayor abundamiento, el Sr. Aliaga Jorquera es quien aparece, además, como dueño –logrando títulos a través de BB.NN.- por terrenos fiscales que nunca le pertenecieron. Solo pagando a “profesionales” para que le confeccionaran “planos truchos” que –lamentablemente- validaron en un momento funcionarios de escritorio de BB.NN. y la Justicia, pero esa justicia que actúa con la cara tapada y no ve, no investiga lo suficiente antes de dar sus fallos y/o resoluciones.
Cabe informar, para que los ciber lectores se hagan un cuadro y aten cabos, que en uno de los casos: un Retazo de terreno ( “inventado” en papeles) decía que era colindante al sur del sitio Nº 887-d , cuya propiedad es la que corresponde al vecino Fortunato Bobadilla Acevedo, en la Avenida Costanera en el sector conocido como Rapa Nui, de Infiernillo.
Sin embargo, los Planos de Loteos de las poblaciones El Bosque y María Luisa –donde está supuestamente este Retazo de terreno- NO INDICAN en NINGUNA PARTE la existencia del mencionado Retazo de terreno. Es más, al sur del Sitio Nº 887-d (del Sr. Bobadilla) que es el último sitio por Avenida Costanera, no hay ningún sitio, NINGÚN SITIO. Más aún, en las Escrituras y/o Títulos de la propiedad del Sr. Bobadilla (cuya copia fotocopiada tenemos en nuestro poder) deslinda al Sur con TERRENOS FISCALES.
Es por estas razones que, el Sr. Jorge Del Pulgar Barrueto (Q.E.P.D.) le hizo tremenda tapa al Sr. Hugo Ernesto Aliaga y a su abogado, cuando éstos quisieron que en su calidad de Notario y Conservador de BB. RR. de Pichilemu le anotaran al margen de las Escrituras de Herencia de la Sucesión Bianchi; pero éste con el Plano de Loteo a la vista de las mencionadas poblaciones, se negó rotundamente a hacerlo por cuanto en el Plano de Loteo indicado no aparecía por ningún lado aquel Retazo de Terreno.
Pero aunque cabizbajos, estos vecinos –zorros y ladinos- después corrieron ante el Juez de Pichilemu en ese tiempo, el Sr. Mario Madariaga Moya. Este acogió a trámite la solicitud –en Causa Voluntaria, Expediente Rol Nº 52-02- y a pedido del abogado del Sr. Aliaga buscaron a un Topógrafo para que les inventara la ubicación del retazo del terreno. Y el profesional –que no se podía negar les dibujó a gusto del cliente la “cabida y deslindes” del mencionado Retazo de terreno. Paralelamente, se solicitó un informe del Notario y Conservador y -¡oh, sorpresa!- el informe ahora es FAVORABLE. ¿Qué había pasado?
Algo muy simple: El Notario y Conservador titular estaba en esa fecha con descanso o vacaciones y tenía como suplente al Sr. Alejandro Flores Gutiérrez. Este profesional abogado –con su rigurosidad que le caracteriza y que bien le conocimos, pues el Alcalde Jorge Vargas lo tenía como su Asesor Jurídico de la Municipalidad- ni corto ni perezoso señaló en su informe al Juez Madariaga que todo estaba correcto y coincidía perfectamente.
Todos estos trámites judiciales se hicieron rápidamente y ya el día 6 de Agosto de 2002, el Juez titular de entonces resolvía que se practicara la inscripción a favor de doña Ana Bianchi Ghezzi, una anciana heredera de propiedades de su padre.
Así, de esa manera, el Juez resolvió y ordenó al Notario y Conservador de BB.RR. de Pichilemu que inscribiera marginalmente en las Escrituras de Herencia de la Sucesión Bianchi, el mencionado “Retazo de terreno” .
¿Pero quién o quiénes se quedaron finalmente con esos terrenos fiscales?
Basta con averiguar quién o quiénes vendían posteriormente esa propiedad, subdividida en cuatro lotes.
No es la única situación donde estos señores –por encargo de la anciana- solicitaron inscripciones ….
En parecidas circunstancias, uno de estos señores –antes del caso precedente- se quedó finalmente -pese a que se le discutió en su momento por parte de la Municipalidad- con otros terrenos FISCALES de más de 1.300 m2 también en la Avenida Costanera.
Todos estos hechos han sido denunciados a BB.NN., al CDE y a otras autoridades de la Región de O’Higgins; pero como en el chiste, éstas parecieran replicar: “no se escucha Padre”.
Tal parece, como siempre, que nos fuimos para otro lado.
Así parece, pero no. Todo está fríamente calculado. Si tal cosa parece es por nuestra característica de querer ilustrar más a los ciber lectores para que saquen conclusiones y vean cómo se actúa en la “República Independiente de Pichilemu”. No es siempre así –por fortuna- por cuanto las autoridades judiciales han estado dando muestras de cumplir mejor su tarea. Investigan y luego resuelven y aunque no siempre es lo que uno espera como resultado, nos quedamos tranquilos porque hubo investigación y las cosas quedan más claras.
Sabemos que en el municipio, al margen del Asesor Jurídico de turno que tenga contratado el alcalde de turno (valga la redundancia), existe el cargo del Director de la Unidad de Control quien en cada una de las cosas en que está en discusión propiedades municipales e interés municipal debiera PRONUNCIARSE.
Podría decirse: por fortuna que quien desempeña ese cargo es la persona más informada del municipio, pues anteriormente fue el Secretario Municipal por largos años; pero lo que podría ser una FORTALEZA y darle autoridad a lo que dice no se refleja en todas sus actuaciones.
Pese a que este funcionario quiere tanto a Pichilemu, no henos sabido si le ha dolido –menos si ha llorado- por la pérdida de bienes municipales: el mencionado sitio que hoy el vecino que ostenta su propiedad se lo quiere vender; por otros sitios que el municipio perdió, también en el Bosque Municipal, por Avenida Agustín Ross; el terreno de más de 1600 m2 que “perdió” el municipio tras el edificio municipal y que se transfirió a una entidad de Personal de Funcionarios Jubilados y/o en retiro de las Fuerzas Armadas y que éstos terminaron “regalando” a un vecino, pues fue vendido en vil precio, en circunstancias que si no hicieron lo que decían iban a construir, lo MÁS CORRECTO era que lo devolvieran a la Municipalidad de Pichilemu.
Aparte de estas situaciones, están las calles que aún siguen cerradas o que algunos vecinos las cierran “por si acaso” y finalmente quedan “per se”.
¿Es posible que un vecino, o vecina, le saque Título de Dominio a lo que en Planos y Escrituras aparece como una calle (UN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO) y después tranquilamente lo venda a otro vecino y contribuyente?
¿Es posible que otra reputada dama intente “inscribir más metros cuadrados a su favor, de los que en verdad le corresponden” hasta que le resulte. Y que más encima logre indemnizaciones del Estado por terrenos que son fiscales y que supuestamente le fueron ocupados por el paso de un tramo de la Avenida Costanera –que bordea la Laguna Petrel- después que en su argumentación dice que no existen visos de la tal Avenida Costanera?
¿Es posible que otra dama junto a un varón intenten –en Causa de acción voluntaria- inscribir al margen, en su Escritura, una Parcela de más de 6 mil m2, en circunstancias que han comprado un Sitio de apenas 480 m2.?
(En este caso, felizmente, el Juez Titular no le dio a lugar en dos intentos. La última resolución del Juez sobre este caso es reciente. Ya estaremos informando con más detalles de ello).
A través del tiempo son muchas las calles que han “ido desapareciendo”. Por nombrar algunas: Calle Sargento Aldea, parte de calle Las Mercedes, entre otras.
Y quienes han debido defender esos Bienes Nacionales de Uso Público no han hecho nada –o en el mejor de los casos, no lo suficiente- pero lo peor es que en hechos relativamente recientes, hay una inacción que lleva a pensar que todo ello es normal que siga ocurriendo.
Estas situaciones hay que decirlo, no son RESPONSABILIDAD de este funcionario que es hoy Director de la Unidad de Control; pero si le cabe una cuota de responsabilidad por no hacer todo lo que podría haber hecho en su momento en sus tiempos de Secretario Municipal. Pero en algunas, con otro rol y por lo cual le están pagando para cautelar y CONTROLAR todo lo que es de interés municipal, no lo ha hecho completamente, por no decir nada.
Quizás en el último tiempo, a poco de irse “al descanso” (no se si merecido o no), pues ya tiene los años para acogerse a la jubilación ha estado actuando meridianamente: Denuncias por el Caso “Boletas Adulteradas” la más notoria. Pero en otros casos de mayor cuantía no ha actuado. Está la “pérdida de dos computadores portátiles” donde se hizo una denuncia a las Justicia como un saludo a la bandera. Y el ex alcalde Jorge Vargas ordenó una investigación sumaria (que es un chiste ver los interrogatorios a eventuales responsables) que quedó ahí sin querer queriendo ….; y no se sabe qué preocupación hubo por la pérdida de esos dos computadores.
Hoy, hemos sabido que un (o una) concejal habría hecho una denuncia en la Fiscalía por el “mal uso” que habría hecho Marcelo Cabrera de un computador portátil municipal, en un momento en que no estaba ejerciendo como concejal ni como alcalde.
En este caso, por suerte, el computador no está perdido aún.
De ningún manera cuestionamos que se haya hecho la denuncia, pero ¿esta capacidad de ejercer el rol de fiscalizadores es solo para lo “micro”? ¿Y qué pasa con situaciones donde hay millones de pesos involucrados?
Pero hay más, ¿con qué autoridad moral se actúa, cuando algunos y algunas se han prestado para –en determinado momento- avalar situaciones que la justicia finalmente las ha sancionado como delitos?
Situaciones parecidas a las señaladas y otras hemos vuelto a poner en antecedentes a un organismo que, por ahora, no lo mencionaremos y donde esperamos que haya –más que una respuesta personal- acciones que posibiliten marcar un precedente y que, de alguna manera, ponga límites de una vez a la audacia de los connotados vecinos y contribuyentes que han estado actuando en desmedro municipal y fiscal.
Las leyes son para todos los ciudadanos iguales, para que se aplique, para que se respete. No para que se vulnere y se sigan cometiendo hechos irregulares e ilícitos por los siglos de los siglos.
Por ahora es el Consejo de Monumentos Nacionales la entidad, el organismo, que tal pareciera quiere poner un llamado de atención y corregir situaciones normadas por la ley. Y si bien algunas personas, vecinos y/o contribuyentes pueden sentirse perjudicadas por la ley, estas también tienen el derecho de reclamar y ser atendidas. Y esperar si tienen la razón o no.
¿Estamos en un país donde funciona el Estado de Derecho, o no?
