Música, folclore, artesanía y tradiciones darán vida a una nueva celebración del Día Nacional de la Campesina y Campesino, el próximo sábado 6 de agosto en el Parque Campesino de Peralillo, y que recuerda la publicación de las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, el 28 de julio de 1967.
La actividad de celebración de esta importante fecha es liderada por el Gobierno Regional de O’Higgins en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Peralillo, el Ministerio de Agricultura y el apoyo de la Corporación O’Higgins Crea.
“Habrá muchas actividades para la familia, para los niños y adultos, pensando no solo en el campesino, en el productor, sino que también en todo lo asociado a la tierra. Es un gran panorama y nuestras puertas estarán abiertas para recibirlos con todo agrado”, dijo Morín Contreras, administradora municipal de Peralillo.
El seremi de Agricultura, Cristian Silva, afirmó en tanto que se ha querido realizar una gran celebración regional. “Vamos a celebrar nuestro hito más importante de la Reforma Agraria. Nuestro propósito como Gobierno es relevar la cultura, las tradiciones campesinas, nuestra cultura material e inmaterial, y darle valor al mundo rural. Es el compromiso de nuestro Presidente (Gabriel) Boric y de nuestro Ministerio (de Agricultura), trabajar y fortalecer el mundo campesino, mostrando lo que se hace”, dijo el representante del Minagri en O’Higgins.
REFORMA AGRARIA
La ley de Reforma Agraria fue promulgada en 1967 por Eduardo Frei Montalva. Si bien ya había una Reforma Agraria en los tiempos del Presidente Jorge Alessandri, fue Eduardo Frei Montalva quien envió al Congreso -a finales del 1965- un proyecto que fue mucho más allá de lo que existía.
Esta Reforma estableció el límite de acumulación de tierra en el país en un máximo de 80 hectáreas, es decir, ningún chileno podía conservar más de 80 ha. y en el caso que las tuviera, ese excedente debía ser expropiado y redistribuido.
La Reforma también determinó que todas las tierras pertenecientes a corporaciones y sociedades debían ser expropiadas y fijó un plazo de tres años, a partir de su promulgación, para que todo predio mal trabajado fuera entregado a campesinos y campesinas que lo necesitaran. Esta ley la aplicó el Presidente Salvador Allende a cabalidad.
