El concepto de zona de sacrificio, que muchas veces se puede entender como una exageración semántica o una muletilla para beneficios políticos, cobra un lamentable sentido de realidad al observar los indicadores que pueden describir un determinado territorio, sobretodo cuando en dicho territorio son proyectos de alto impacto ambiental e hídrico los que mueven la economía local, ofreciendo soluciones momentáneas, pero escasas proyecciones a mediano y largo plazo.
Un factor relevante es que desde hace ya un par de décadas el fenómeno de migración campo-ciudad ha sido sostenido estadísticamente en nuestro país, afectando principalmente a los territorios de rezago económico, como el secano costero de la Región de O’Higgins. En la variación intercensal 2002-2017, si bien todas las comunas de la región aumentan su población de adultos mayores, es en las comunas del secano donde se evidencia un aumento altamente significativo, alcanzando en promedio una quinta parte de la población total aquella perteneciente al rango de sobre 65 años. A mayor abundamiento, también aporta claridad el indicador denominado “relación de dependencia”, que expresa el número de personas inactivas que deben ser solventadas económicamente por personas activas. En este indicador, las comunas del secano promedian 26%; mientras conurbaciones como Rancagua-Machalí promedian 16%, proyectando de esta forma un claro escenario vinculado a que el territorio del secano costero presenta un carácter de territorio envejecido y, por ende, empobrecido.
A esto, se ha ido sumando desde hace un par de años un nuevo ingrediente, que es el proceso de subdivisión predial que permite la proliferación de negocios inmobiliarios bajo el modelo de “parcelas de agrado”. Es difícil conocer con exactitud la magnitud de este fenómeno, pero con cálculos hechos entre lugareños, se tiene que por ejemplo en la comuna de Marchigüe, los suelos agrícolas ya han sufrido este proceso en más de un 15%. La institucionalidad no ofrece respuesta, más allá de comentarios de autoridades, puesto que se requiere una modificación legal que frene esta expansión. Al momento, la legislación establece como requisito casi único que la división predial mínima sea de 0,5 hectáreas. En este conflicto surge la disyuntiva entre la libertad personal (de hacer negocios, de adquirir una propiedad) y por otro lado, el bien público de salvaguardar el entorno social, ambiental, económico y alimentario de los territorios y de la población en general. Asimismo, surgen externalidades asociadas a este proceso, como la presión por servicios comunitarios entre los que es posible identificar el retiro de basura, necesidad de agua potable, mejoramiento de caminos, ayudas sociales, aumento de población especialmente sensible a requerir servicios de salud, el estrés hídrico, entre otros, que superan las capacidades de los municipios para su respuesta. Y así, la realidad es que el secano costero se transforma en un territorio donde la tercera edad de las ciudades viene a vivir su etapa de jubilación.
A este contexto, se deben agregar los efectos del cambio climático que han impactado con los años más secos de los que haya registro y heladas fuera de temporada que tuvieron como ejemplo en el año 2019 daños en algunos casos total de plantaciones frutícolas (especialmente viñas y arándanos), todas situaciones que cientiíficamente se proyectan crecientes y sostenidas en el mediano y largo plazo.
Es este territorio, con estas dinámicas, el que enfrenta la llegada de la pandemia COVID-19 y sus efectos sobre la economía, el autoempleo y el emprendimiento local. Más allá de las escasas capacidades sanitarias para su combate, una preocupación central de la política pública regional debe ser ofrecer condiciones, infraestructura y recursos para la reactivación económica, reactivación que para el caso del secano costero regional es esperada desde hace mucho más tiempo que desde el solo inicio de esta pandemia mundial.
