La familia Jaramillo, propietarios del fundo Mónaco en la comuna de Pichilemu, hicieron historia. Fueron los primeros multados por la nueva ley que regula el acceso a las playas chilenas, todas públicas.
El noticiero Chilevisión Noticias realizó un reportaje en que se comprobó que la familia, y otros propietarios de la zona, entre ellos Francisco Javier Errázuriz, alias Fra Fra, bloqueaban el acceso a la playa Mónaco, dando aviso al Gobierno y a carabineros. La denuncia adquirió carácter público luego del incidente ocurrido hace unos días, protagonizado por un consejero regional y pescadores de la zona, que reclamaban dificultades para llegar a ese lugar.
Renato Jaramillo Arriagada, en una carta en tono desafiante que fue publicada hace un par de días en pichilemunews, dijo que la autoridad en cuestión, el core Bernardo Cornejo, estaba acompañado de individuos “supuestos autores de varios delitos”. Añadió el terrateniente pinochetista que desde 1990, con el retorno a la democracia, la justicia ha protegido a los delincuentes, recordando que en 1992 causaron un incendio en la propiedad. “La intendencia y gobernación deberán asumir las consecuencias, demandas y costos de daños y perjuicios pertinentes a dichas autorizaciones (de 1984), sin el decreto ley debidamente aprobadas [sic] según legislación vigente”, dice Renato Jaramillo. Menciona en la misiva a varios supuestos propietarios vecinos que apoyarían su posición, pero ninguno de ellos suscribe la carta.
En otra salida de madre del personaje local, dijo que la negación del acceso a la playa se debe a que la ley que le obliga a permitirlo “no está vigente”. Radio Bio Bio consigna textualmente: “‘Me importa un coco’, dijo el hombre cuando un core de la zona, Bernardo Cornejo, le explicaba que la resolución de 1984 sobre Bienes Nacionales todavía estaba vigente y que debía permitir acceso público a la playa Mónaco”.
Para mala fortuna de Jaramillo y compañía, ayer martes se presentó en el lugar la ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, junto a personal de Carabineros, para abrir el paso libre a los turistas y pescadores. En ello, debieron romperse al menos cinco candados que prohibían la entrada a la playa. Naturalmente esto causó el regocijo de turistas y pescadores, tratándose del fin de la actitud ilegal de ciertas personas. Los Jaramillo deberán acudir al Juzgado de Pichilemu, multados por un monto aún indeterminado, pero que podría ascender a diez millones de pesos.
#PlayasAbiertas subsecretaria Alejandra Bravo se baña junto a la comunidad en playa que estuvo cerrada 40 años con candados. #Pichilemu @alebravoh @cvillegasgarate @Felipeward @sebastianpinera @ceciperez1 @biobio @Emol @elmostrador @Cooperativa @24HorasTVN pic.twitter.com/rPc0BduSLW
— Subsecretaría Bienes Nacionales (@SubsecBBNN) February 19, 2019
