La baja percepción de transparencia en las instituciones públicas detectado a nivel regional se asocia a un 15% de aquellos ciudadanos que perciben un nivel “aceptable” o “alto” de transparencia en los órganos del Estado, posicionando a O’Higgins bajo la media nacional (de un 20%).
Una situación algo más alentadora en relación a los funcionarios es la percepción de confianza. Lo anterior dado que quienes manifestaron confianza en el caso de la región alcanzó un 30% de los encuestados, 7 puntos por sobre la media nacional.
Otro de los aspectos que podrían incidir en la erosión de la confianza hacia lo público es la percepción de corrupción en las entidades públicas. Un 84% de los habitantes de la VI Región considera que los organismos públicos son bastante o muy corruptos, cifra más alta al total nacional, que es de 78%.
Los niveles de desconfianza también son altos si se pregunta sobre la confiabilidad de la información que entregan los funcionarios y aquella que publican las entidades del Estado en sus sitios web. Ambos registros se posicionan bajo la media nacional con un 32% y un 22% respectivamente.
Cabe destacar que en este último caso, relativo a la información que las instituciones ponen a disposición del público en sus páginas web, la percepción de recibir información confiable está 10 puntos porcentuales por debajo del promedio país.
Según estas cifras del CPLT, un porcentaje amplio de la población de O’Higgins (83%) manifiesta estar consciente de la relevancia del derecho de acceso a la información pública, señalando que es “necesario”. Un 68% en tanto afirma que es “útil”, ambas cifras mayores al promedio nacional. Sin embargo, también declaran que este derecho no es fácil de ejercer y que no es un procedimiento rápido, apreciaciones que hacen que en el caso de los habitantes de la Sexta Región sean más críticos que la población nacional.
Respecto de los resultados, el Consejo para la Transparencia, consignó que la percepción de utilidad y necesidad, se asocia a la prevención de la corrupción y a la posibilidad que entrega de controlar las acciones de funcionarios y autoridades. A partir de estos datos, la región tendería a mostrar mayores expectativas.
Pese a ello, O’Higgins evidencia en paralelo un menor nivel de conocimiento de la Ley de Transparencia y mayores expectativas frente a los potenciales beneficios del Derecho de Acceso a la Información (DAI) que lo que registrado a nivel nacional. Los porcentajes de la población que declaran haber solicitado información pública en 2017, muestran un 29% a nivel nacional y un 26% a nivel regional.
“La ciudadanía es la dueña de la información y a los funcionarios y autoridades les ha costado internalizar esto. Lo mismo ocurre con la ciudadanía de acostumbrarse a ejercer ese derecho, pero estamos avanzando”, afirmó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago.
Las solicitudes principalmente se relacionan con trámites y subsidios y beneficios, lo cual explica que la institución a la que mayoritariamente se acude es a los municipios, quienes concentran gran cantidad de servicios y beneficios hacia la población.
Ante los desafíos que emergen en este ámbito, el presidente del CPLT destacó la necesidad de iniciativas como el proceso participativo impulsado por dicho Consejo. “Instancias abiertas y reflexivas, cuyos resultados presentamos a los distintos poderes del Estado como insumo para el debate que se iniciará con respecto a la nueva Ley de Transparencia. Son hitos que nos parecen en extremo significativos”.
A juicio del titular de Transparencia, el que cerca de 2 mil 200 personas hayan participado a nivel nacional muestran un creciente interés de parte de los habitantes de la región por la información de los organismos públicos. “En este despliegue por el país como Consejo para la Transparencia, que coincide con 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, hemos visto significativos avances. Lo que antes eran demandas aisladas hoy son el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado”.
