Para quienes escuchamos cotidianamente las radios locales de Pichilemu, o revisamos las redes sociales para informarnos del acontecer en la comuna, resulta ineludible leer u oir el nombre del alcalde al menos diez veces diarias.
¿A qué se debe? Por cierto, no es que Roberto Córdova tenga un gran protagonismo noticioso. (Bueno, excluyendo las comunes noticias de poca monta). No, no es eso.
La Municipalidad, a través de su unidad de comunicaciones —integrada por la periodista Verónica Rubio y el comunicador Esteban Araneda—, utiliza todos los recursos y medios posibles para difundir las actividades de la entidad: contrata espacios en las radios, imprime 1.500 boletines mensuales y utiliza profusamente Facebook y Twitter.
¿Y cual es el problema, entonces?
No se nos ha ocurrido espontáneamente proferir esa insolente acusación. La Contraloría General de la República así lo ha afirmado en el informe N.° 601/2016, calificando lo obrado por el municipio como “complejo”.
El organismo fiscalizador “detectó el pago de elementos publicitarios a través de los cuales se dieron a conocer actividades propias del acontecer municipal, sin embargo, en los mismos se incluyó la invitación a nombre del Alcalde“. En el informe se incluyen ocho casos, que significaron un gasto de 3.347.379 pesos, con el mensaje “Invita: Roberto Córdova Carreño Alcalde y el Concejo Municipal. Organiza I. Municipalidad de Pichilemu”.
Por otro lado, la Contraloría General advirtió que “la gran mayoría de las fotografías insertas en las publicaciones” realizadas por la Municipalidad en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter aparece el alcalde, reiterando la observación que hizo previamente. A continuación se encuentran las imágenes incluidas por la propia Contraloría en su informe.
Para responder a estas graves acusaciones formuladas por la Contraloría, el alcalde Córdova dijo que “los gastos se enmarcan en actividades propias del acontecer municipal y, por lo tanto, se encuentran vinculadas estrictamente con la necesidad de informar a la comunidad de las actividades que se han desarrollado o se desarrollarán en un futuro cercano”, añadiendo —citando a la Ley de Municipalidades— que el nombre propio del cargo de alcalde es indivisible con el de la persona elegida para dirigir la comuna (¿?).
“Siendo ello así”, continúa el alcalde Córdova, “resulta ineludible consignar el nombre de la autoridad en una invitación, y que no se trata, como se da a entender en el informe, de una frase alusiva a la figura del alcalde, sino que del nombre propio de la autoridad, pues dicha alusión se encuentra comprendida en el contexto de la invitación”.
En cuanto a las publicaciones de redes sociales, manifestó que “las publicaciones aludidas fueron empleadas para dar a conocer a la comunidad el desarrollo de actividades y hechos relacionados directamente con el cumplimiento de los fines y el quehacer de la entidad”, concluyendo que “por razones protocolares no es posible estar ‘huyendo’ de los fotógrafos o dar la espalda a las cámaras, especialmente si se trata de la autoridad anfitriona”.
Al respecto, la Contraloría señala que “el municipio como tal es quien presta los servicios que se dan a conocer en cumplimiento de sus funciones, y no la autoridad edilicia en forma independiente, como pudiera entenderse cuando se realizan bajo su nombre, de manera que no corresponde que la publicidad contenga imágenes o frases alusivas a la figura del Alcalde, salvo que en el respectivo contexto, aparezca que ellas se encuentran vinculadas estrictamente con la necesidad de informar sobre las actividades comprendidas dentro de los fines municipales”.
“No corresponde que la publicidad o difusión contenga imágenes y/o frases, invitaciones, etc. alusivas al alcalde de la comuna”, continúa la entidad, declarando que el Municipio deberá abstenerse de continuar con dichas actitudes, y que esta materia será objeto de revisión en próximas auditorías.
Nuestro medio, a partir de una simple revisión de la página en Facebook del Municipio de Pichilemu, pudo evidenciar que las observaciones de la Contraloría no han sido acatadas ni en lo más mínimo.
En el mencionado sitio figuran numerosas publicaciones que, no sólo otorgan protagonismo innecesario al alcalde, sino que se transforman en un verdadero blog personal incluyendo, por ejemplo, una carta a los dirigentes sociales firmada: “Un abrazo cariñoso para cada un@, Roberto Córdova Carreño Alcalde y honorable Concejo Municipal”.
Al difundir noticias institucionales, constantemente se utilizan los términos “nuestro Alcalde […]”. Y en invitaciones, aún se incluye “Invita: Roberto Córdova Carreño Alcalde y Honorable Concejo Municipal”.
Si el alcalde Roberto Córdova Carreño no es capaz de cumplir con tan simples preceptos legales, ¿podemos esperar que cumpla con aquellos que requieran mayor esfuerzo?
Podemos adelantarnos a la respuesta (Porque ya las conocemos). Sus ardientes simpatizantes dirían inmediatamente que sí. “Que este artículo marca un nuevo inicio de la campaña del terror en contra del alcalde”. “Qué pobrecito el alcalde”. “Todos lo atacan”. Y nosotros les decimos: ¡qué faltos de argumentos!
El informe continúa
La Contraloría no sólo ha focalizado sus observaciones en las cuestiones ya reseñadas. Quizás uno de los aspectos más relevantes del informe N.° 601 es el análisis de las licitaciones obtenidas por el productor Manuel Muñoz, originario de Población.
Entre enero y marzo del 2016, el municipio pagó, a través de siete facturas, un total de 136 millones a este proveedor. Entre los eventos financiados se encuentran los “Sábados Artísticos”, la “Bienvenida Verano 2016” y la “Semana Pichilemina 2016”.
Todo hubiera sido perfecto, de no ser porque las bases administrativas y técnicas que el Municipio proveyó en las licitaciones respectivas individualizaban expresamente a los artistas requeridos para los eventos.
Sobre esto, el organismo contralor indica que “al especificar con precisión en las bases que tales servicios deben prestarse por cierto conjunto de artistas individualizados en cada licitación, en las fechas y lugares establecidos”, vulnera lo previsto en las normas pertinentes, que señalan que “las especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar deben ser genéricas”.
“Así, entonces, al exigir exclusivamente a los artistas señalados en las bases, sin que fuera posible contratar a otros similares o equivalentes, el municipio impidió que en ejercicio de la libre concurrencia los oferentes propusieran otros con el objeto de poder seleccionar acorde con los criterios de evaluación contenidos en el pliego de condiciones, a la mejor oferta de acuerdo con sus necesidades“.
La municipalidad se defendió argumentando (¿?) que “las especificaciones técnicas mencionan un abanico de artistas que entregan confianza en cuanto a la calidad del espectáculo que se desea entregar a la comunidad”.
Sin embargo, la Contraloría advierte que “en las licitaciones de que se trata se consignaban en forma expresa los nombres de los artistas requeridos para cada día o evento”, manteniendo la observación que también califica como “compleja”. Añade que el apego a la Ley respectiva “será verificado en futuras fiscalizaciones”.
Nuevamente haciendo caso omiso de lo advertido, la Municipalidad ha insistido en estas actitudes. Daremos un solo ejemplo claro y evidente: la Semana Pichilemina de este año. Tal como publicamos en su oportunidad, el Municipio especificó los artistas que requería para el evento, impidiendo a otros proveedores que compitieran en igualdad de condiciones con Manuel Muñoz quien —oh, sorpresa— logró reunir a todos los artistas solicitados para los días solicitados. ¡Qué eficacia!
La Contraloría también trata sobre las millonarias subvenciones entregadas a decenas de organizaciones sociales, aportes a deportistas locales que no han sido rendidos, y otros aspectos que pueden revisarse directamente en el informe.
Sin duda que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Municipalidades, se configura un notable abandono de deberes no sólo del alcalde Córdova, sino que de todos los concejales que, cohibidos por quizás qué razón, son incapaces de ejercer la función que el pueblo y la normativa les ha conferido: fiscalizar lo obrado por el Municipio.
Pichilemu, cada día mejor.
