“Serio” e “ilegal”: los negocios del candidato a diputado Julio Ibarra y la condescendencia del alcalde de Pichilemu

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño, incurre en un notable abandono de deberes. Los concejales dicen no saber nada del tema.

Julio Ibarra, candidato a diputado, ya está haciendo campaña electoral, contraviniendo la ley electoral.

Nuestro medio ha podido comprobar, mediante documentación oficial, que el actual candidato a diputado y exgobernador de Cardenal Caro Julio Ibarra Maldonado, ha evadido por años el pago de patentes municipales en Pichilemu, por concepto de sus cabañas “Lemudomos” y “Verdemar”, las que tampoco cuentan con su permiso de edificación respectivo.

A continuación, una breve reseña de las andanzas de Ibarra, y del notable abandono de deberes del alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova Carreño.

Un emprendedor reputado por serio

Julio Ibarra fue gobernador entre 2010 y 2014, durante la administración de Sebastián Piñera.

El 11 de marzo de 2014, Julio Ibarra Maldonado dejó su cargo como Gobernador de la Provincia Cardenal Caro, tras cuatro años de ejercicio. Aunque percibía más de cuatro millones de pesos como remuneración, mantenía tres créditos de consumo y uno hipotecario, con una deuda de 108 millones de pesos, según señaló en su última declaración de patrimonio.

Con dichos fondos, Ibarra construyó un pequeño complejo turístico en Pichilemu, que incluyó las cabañas “Lemudomos” y “Verdemar”; y, en abril de 2014, asumió como presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, tras ser “aclamado” por la asamblea de empresarios locales. En conversación con el periódico El Expreso de la Costa, señaló que entre sus desafíos se encontraba “trabajar por aquellos que por razones ajenas a su voluntad no tienen patente”.

Consultado sobre si “este cargo será una plataforma para algo mayor en el futuro”, Ibarra respondió: “[…] emprendo una empresa bien complicada. Cuando pague mis deudas y esté estable le cuento; mientras, 100% pega”.

Quien fuera uno de los jefes de la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009, creó dos empresas denominadas “Julio Diego Ibarra Maldonado Gastronomía Eventos Turismo y Hotelera EIRL” y “Julio Diego Ibarra Maldonado Sociedad de Inversiones EIRL”, además del denominado “Instituto Nacional de Turismo”, que lejos de elaborar estudios o investigaciones, se dedica a la venta de productos naturales de la zona, y a realizar “cursos de capacitación en defensa personal y operador turístico” [sic] exclusivamente para “vecinos de comunas de Santiago Sur”, según reza el sitio web del organismo.

Los Lemudomos de Julio Ibarra.

Reñido con la legalidad

A propósito de las comunas de Santiago Sur, Julio Ibarra se embarcó, en marzo, como candidato a diputado por San Ramón, La Cisterna, El Bosque, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. “Desde siempre contigo” es el eslogan del competidor que en 2005 también intentó llegar al Parlamento, fallidamente.

Ibarra está en plena campaña.

El candidato de Renovación Nacional, mediante concursos en redes sociales, ha repartido numerosos viajes gratuitos a Pichilemu con alojamiento en las cabañas de su propiedad, evadiendo la legislación sobre propaganda electoral al señalar que los sorteos son, en realidad, convocados por el llamado “Instituto Nacional de Turismo”.

Hace algún tiempo, el 31 de diciembre de 2015, Ibarra debió dejar la presidencia de la Cámara de Turismo de Pichilemu en medio de duras críticas: entre ellas, la del dirigente Marco Olivos, quien comentó a Radio Somos Pichilemu que “ni siquiera se ha preocupado para pagar una patente. […] Eso para mí es ilegal”.

Todos los establecimientos de compraventa en general, manufacturas, servicios profesionales o venta de alcoholes deben pagar una patente al municipio respectivo, que utiliza dichos fondos para la realización de obras locales. Por otro lado, es necesario obtener permiso del Director de dicha repartición, en la municipalidad que corresponda, para “construir, reconstruir, reparar, alterar, ampliar o demoler un edificio, ejecutar obras menores, o variar el destino de un edificio existente”; autorización que se entrega una vez pagados los respectivos derechos.

Al no contar con permiso de edificación, el municipio puede decretar la inhabilidad del inmueble. Además, la ley permite al Juez de Policía Local cobrar hasta el 20% del valor oficial de lo que costaría la obra.

Alcalde de Pichilemu reconoce evasión

Roberto Córdova, alcalde de Pichilemu, podría ser removido de su cargo.

El documento entregado por el alcalde Córdova.

Pues bien, consultado mediante ley de transparencia, el alcalde de Pichilemu Roberto Córdova Carreño señaló el 16 de febrero pasado que “no se ha otorgado ninguna patente que figure a nombre de alguien llamado Julio Ibarra Maldonado ni tampoco a alguien de nombre Instituto Nacional de Turismo ni Lemudomos”. Agregó que “no se ha encontrado permiso de edificación alguno de propiedad a nombre del Sr. e instituciones citados anteriormente”.

El perjuicio fiscal causado por Ibarra, al no pagar la patente municipal, ronda los dos millones de pesos; sin contar los derechos por edificación que no ha cancelado. De acuerdo a documentos publicados por la Municipalidad de Pichilemu en 2015, unas cabañas con un capital de 90 millones de pesos cancelaban 236 mil pesos semestrales para poder funcionar. Las cabañas del político operan desde el segundo semestre de 2013, por lo que durante los últimos ocho semestres debería haber pagado, aproximadamente, 1.888.000 pesos.

El edil Mario Morales Cárceles.

Requerido vía telefónica el concejal Mario Morales Cárceles, señaló no contar con antecedentes relativos a las infracciones cometidas por el candidato Ibarra. “Yo sé que él tiene un negocio, pero que él no pague patentes nosotros [el Concejo] no tenemos antecedentes de eso”, explicó el edil, aunque se evidencia que el alcalde Córdova sí está en conocimiento de estos hechos, al menos, desde febrero.

Según la Ley de Municipalidades, “existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local”. Por esto, si alguien interpone la denuncia correspondiente al Tribunal Electoral Regional, el alcalde Roberto Córdova podría ser removido del cargo.

El alcalde de Pichilemu es visto frecuentemente junto a Julio Ibarra en actividades, por ejemplo, difundiendo en medios de comunicación las diversas fiestas costumbristas de la comuna. Sin embargo, medios locales como pichilemunews acusan que la relación entre ellos va más allá de la simple cordialidad: en 2012, el entonces gobernador Ibarra y el alcalde Córdova lograron el cambio de uso de suelo de un área verde –raramente privatizada– denominada “San Antonio”, modificando el plan regulador comunal “con una voluntad y predisposición pocas veces conocida en el servicio público”, ironiza el diario digital. Hoy se emplaza en el lugar un lujoso condominio que contrasta con las modestas viviendas a su alrededor, en el sector costero de Infiernillo.

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