La existencia de calles existentes del año 1938 -según Planos de Loteo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces- siguen siendo desconocidas por el alcalde Jorge Vargas, concejales, asesor jurídico, director de obras municipales, jefe de la Unidad de Control, entre otros funcionarios del ilustre municipio de Pichilemu.
Así se desprende de la respuesta del alcalde Vargas, fechada el 5 de agosto recién pasado a un vecino que reclama de la existencia de una calle -que deslinda con su propiedad- actualmente ocupada por otro vecino desde hace al menos ocho años, ocasión en que se denunció la situación al municipio; pero que hasta ahora sigue igual.
Es decir, hace años que ninguno de estos funcionarios “se dio cuenta” que un vecino se tomó una extensión de más de mil metros cuadrados y fue el otro vecino afectado quien hizo la denuncia al municipio y otros organismos.
Cabe señalar que el vecino que hizo la denuncia no está afectado porque a él le hayan quitado un metro de superficie, sino porque -por la calle tomada por el particular- no puede acceder a su propiedad. Y es tarea del alcalde de la comuna defender los Bienes Nacionales de Uso Público, como también -cuando la autoridad comunal “no tiene la voluntad de cumplir con su rol”- labor del gobernador provincial, tal como ya lo ha hecho en el caso de la Avenida Costanera en el sector de la Laguna de Petrel; donde mediante resolución de esta última autoridad se “abrió”, en Enero recién pasado, ese Bien Nacional de Uso Público cerrado por otros vecinos.
Durante todo este tiempo, el vecino afectado logró del Concejo Municipal, la aprobación de incluir ese tramo de calle ocupado por un particular, en el nuevo Plano Regulador que estaba proponiéndose y que en Septiembre del año pasado fue aprobado por el Consejo Regional y posteriormente -tras el trámite de Toma de Razón en la Contraloría General de la República- fue publicado a principios del presente año en el Diario oficial.
Tanto este caso como el tema de la instalación de Antenas Celulares -en el Radio Urbano- supuestamente se resolvería estando publicado el nuevo Plano Regulador; pero al parecer alguien -no se sabe de qué Galaxia- tendrá que ir a Pichilemu y explicarle con “peras y manzanas” a las autoridades y funcionarios locales, qué y cómo pueden resolver con el nuevo instrumento de planificación, ya que el cacumen -por sí mismos- no les dá para comprender los alcances del Plano Regulador que, al estar publicado, se convierte en ley de la República y como tal hay que hacerlo cumplir y respetarlo.
En efecto, así se desprende de la respuesta que da el alcalde Vargas; quien en el punto 1, dice: “Junto con saludarlop, me permito señalar a Ud. que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada en el día de hoy, en forma unánime prestó su aprobación a la propuesta del Asesor Jurídico, Sr. Alejandro Flores Gutierrez, en orden a notificar el día 8 Aug 2005 al Sr. Arenas (Juan Carlos), otorgándole un plazo perentorio de 5 días para acreditar propiedad del inmueble que ocupa, mediante la respectiva inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu y en caso de no hacerlo en el plazo estipulado, se procederá en consecuencia remitiendo los antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, para su pronunciamientro si ese espacio físico es un bien nacional de uso público”.
En tanto en el (último) punto 2, señala: “Sin otro particular, lo saluda atentamente”.
El trámite que se insinúa fue la recomendación de hace varios años atrás, que hizo el Asesor Jurídico municipal, pero que el mismo alcalde Vargas no hizo cumplir. Fue el propio denunciante quien se vio obligado, para acelerar la solución, quien demandó ante el Tribunal pertinente una medida precautoria de exhibición de los documentos que acreditaran propiedad, ocasión en que al Juez exhibió una escritura de Compraventa que no ha podido ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces por la forma poco clara e imprecisa de cómo la obtuvo el vendedor, quien la habría obtenido por medio de un traspaso de una autoridad que no se precisa como corresponde.
Toda esa documentación fue entregada posteriormente por el denunciante a la Municipalidad, pero al parecer “desapareció”. Es lo que se presume, puesto que de no ser así, no hay cómo explicarse tanta inercia e ineficacia de los funcionarios municipales.
Ya que todo lo avanzado y trabajo -denuncia de la “toma de un Bien Nacional de Uso Público y demanda ante el Tribunal- hecho por un particular, en lugar de ser cautelado por quienes son pagados para hacer su trabajo, en definitiva no ha servido de nada; ya que se vuelve a fojas cero.
Por otra parte, queda en evidencia la ignorancia de quienes han redactado la nota del alcalde Vargas y de él mismo, que la ha firmado, atribuyéndole a la SEREMI de BB.NN. autoridad para pronunciarse acerca de si la calle tomada es o no un Bien Nacional de Uso Público.
En estricto rigor, le corresponde pronunciarse a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, aunque la respuesta a ello está en el nuevo Plano Regulador aprobado y publicado. ¡Eso es ley!
Estas situaciones son una clara muestra del resultado y producto de la mala administración y gestión por la que atraviesa el municipio pichilemino en el último tiempo.
Y que quede claro, no es la única evidencia. En el mismo ámbito de situaciones está el caso de otras calles “tomadas y cerradas” por particulares: la Calle Vecinal (también existente desde el año 1938, en el sector de Villa Lugano, de Infiernillo), la calle Sargento Aldea que está (completita) en poder de particulares; caso denunciado hace años en el Concejo municipal, pero sin ninguna acción para recuperarla; entre otros ejemplos.
Asimismo, terrenos fiscales, FISCALES, inscritos por particulares con la “bendición de algunas autoridades”.
Qué autoridad parará esta verdadera seguidilla de irregularidades. La verdad que no se sabe quién, pese a existir los organismos para ello, pero que en más de alguna ocasión -cuando se ha llegado hasta ellos- no le han tomado el verdadero peso a los antecedentes.
Algo huele mal, sin duda.
